Defensa ante Inspecciones Fiscales en España

El procedimiento de inspección tributaria en España está regulado por los artículos 141 a 159 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) y desarrollado por el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGIT, RD 1065/2007). Es un procedimiento formal con plazos estrictos y garantías para el contribuyente que deben conocerse y ejercerse.

Inicio y notificación

• La inspección se inicia con una comunicación de inicio de actuaciones que debe notificarse al contribuyente, indicando los impuestos y períodos afectados, el alcance (general o parcial) y la identidad de los actuarios asignados
• El contribuyente tiene derecho a conocer el alcance de las actuaciones (art. 34.1.ñ LGT) y puede hacerse representar por un tercero autorizado ante la AEAT

Duración

• El plazo máximo de duración es de 18 meses desde la notificación de inicio (art. 150.1 LGT)
• Se amplía a 27 meses cuando: la cifra de negocios del contribuyente supera los 5,7 millones de euros en cualquiera de los ejercicios investigados, o cuando el contribuyente está integrado en un grupo de consolidación fiscal, o cuando el contribuyente realiza actividades en el marco de un grupo definido en el artículo 18.2 LIS (obligación de documentación de precios de transferencia)
• Consecuencia del incumplimiento de plazos: Si la Administración excede el plazo máximo, las actuaciones no interrumpen la prescripción. Esto puede significar que los ejercicios más antiguos prescriban, eliminando la posibilidad de regularización

Derechos del contribuyente durante la inspección (art. 34 LGT)

• Derecho a ser informado del alcance de las actuaciones
• Derecho a obtener copia de las actas y diligencias
• Derecho a formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento
• Derecho a que las actuaciones se desarrollen en los plazos legales
• Derecho a no aportar documentos ya presentados anteriormente a la Administración
• Derecho a un trato respetuoso y a la confidencialidad de la información tributaria

Documentación habitual requerida

La inspección típica de una filial de empresa extranjera solicita: libros contables y registros de IVA, declaraciones de impuestos (IS, IVA, retenciones, Intrastat, modelo 720), contratos significativos (especialmente los intragrupo), documentación de precios de transferencia (master file y local file), justificantes de gastos relevantes, extractos bancarios, y correspondencia con la matriz relativa a operaciones financieras.

Al finalizar las actuaciones inspectoras, la inspección formaliza sus conclusiones mediante actas. El tipo de acta y la decisión de recurrir tienen implicaciones económicas directas para la filial y deben evaluarse con criterio profesional.

Tipos de actas

• Actas de conformidad (art. 156 LGT): El contribuyente acepta la regularización propuesta por la inspección. La liquidación se entiende practicada por los importes del acta. Ventaja principal: reducción del 30% en las sanciones (art. 188.1.a LGT). Si además la sanción se paga en período voluntario sin recurrir, la reducción adicional es del 25% sobre la sanción ya reducida. En total, la sanción puede reducirse hasta un 47,5% respecto a la sanción base
• Actas de disconformidad (art. 157 LGT): El contribuyente no acepta la regularización. Se abre un período de alegaciones de 15 días hábiles ante el Inspector-Jefe, que debe resolver en el plazo de 1 mes. Si la resolución confirma el acta, se practica la liquidación que puede recurrirse en vía administrativa y judicial
• Actas con acuerdo (art. 155 LGT): Fórmula intermedia donde la inspección y el contribuyente alcanzan un acuerdo sobre los hechos y la aplicación del Derecho. Requiere la prestación de garantía (aval o depósito). La reducción en sanciones es del 50%. Es irrecurrible salvo por vicios de consentimiento

Vía de recursos

• Recurso de reposición (art. 222 LGT): Potestativo, ante el propio órgano que dictó el acto. Plazo: 1 mes. Resolución: 1 mes. Es rápido pero tiene escasa eficacia práctica (el mismo órgano rara vez revoca su propia decisión)
• Reclamación económico-administrativa ante el TEAR (art. 235 LGT): Ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional. Plazo de interposición: 1 mes. Resolución: 1-2 años habitualmente. Para cuantías superiores a 150.000 € o cuestiones de especial trascendencia, se puede recurrir directamente ante el TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central)
• Recurso contencioso-administrativo ante el TSJ (Ley 29/1998): Si la resolución del TEAR es desfavorable, se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Plazo: 2 meses. Resolución: 2-3 años. Es la primera instancia judicial propiamente dicha
• Recurso de casación ante el Tribunal Supremo (art. 86 LJCA): Para cuestiones de interés casacional (criterios divergentes entre tribunales, cuestiones novedosas, normativa de reciente aplicación). Resolución: 2-4 años. Las sentencias del TS establecen jurisprudencia vinculante

Decisión estratégica: conformidad vs. disconformidad

La decisión de firmar en conformidad o disconformidad debe basarse en un análisis coste-beneficio que considere: la fundamentación jurídica de la regularización, la cuantía en juego, la reducción de sanciones por conformidad (30-47,5%), los costes de litigación (honorarios profesionales durante 3-7 años de recursos), el coste financiero del aplazamiento (intereses de demora al tipo legal + 25%), y la probabilidad de éxito en cada instancia de recurso. Euroaccounts realiza este análisis para cada ajuste propuesto por la inspección y recomienda la estrategia óptima: puede ser conformidad en algunos ajustes y disconformidad en otros.